Ha llovido mucho desde las acampadas por el 0,7 de finales de la década de los 90. Para muchos estas marcaron la inclusión del compromiso por el 0,7 en la agenda política y la madurez de la ciudadanía respecto a las obligaciones y responsabilidades derivadas de la posición de España en el mundo. Poco cabía pensar que el camino andado desde entonces pudiera desandarse en apenas unos meses. Pero la clase política española (que ha insistido en su compromiso de llegar al 0,7 en cada campaña electoral desde entonces, y que nunca lo ha cumplido) se ha lanzado en una dinámica de recortes que en la práctica suponen el desmantelamiento del sistema de cooperación español tal y como lo conocemos y, peor, el enterrar en el cajón del olvido el concepto mismo del 0,7%.
La razón invocada es sencilla: Primero, los de casa. El argumentario puesto sobre la mesa por la multitud de instituciones y gobiernos municipales, autonómicos, estatales y otros aficionados a la tijera no es excesivamente elaborado pero es eficaz. Sobretodo en un país dónde las clases populares cada vez tienen más problemas para llegar a fin de mes en un ambiente generalizado de recortes sociales de toda índole. Pero lo que a primera vista puede parecer sentido común (es decir, en tiempo de crisis es normal dedicar el dinero destinado a ayudar a los pobres a la gente que lo está pasando mal y dejar para otro momento las ayudas a gente que vive en el otro extremo del planeta) esconde en realidad un razonamiento y unas consecuencias perversas, aparte de una contradicción de base: Aunque algunos no se enteraran, en España nunca dejó de haber pobres, incluso en los años de bonanza económica (un 14,3% de la población en 2006).
Lo perverso es el paso atrás que supone argumentar que el sentido de la cooperación es sólo ser majos y que dar el 0,7, el 0,1 o nada es una decisión que sólo concierne al que da y que no responde a un compromiso más amplio. En este punto es necesario recordar que destinar el 0,7 del producto interior bruto a la ayuda para el desarrollo es un compromiso adoptado en el marco de la 34 asamblea de las Naciones Unidas (1980) y que este porcentaje tiene como objetivo posibilitar el cumplimiento del articulo 22 de la declaración de los derechos humanos. En este se precisa que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Es decir, mantener la ayuda en el 0,7% en los países más desarrollados es el mínimo estimado necesario para que los países menos desarrollados puedan garantizar el resto de derechos enumerados en la declaración.
La ayuda al desarrollo Española nunca llegó a cumplir con los compromisos internacionales y tocó techo en apenas el 0,46% del PIB en 2008. El gobierno socialista se comprometió en llegar al 0,7% antes de 2012, pero a partir de 2008 el porcentaje se ha ido reduciendo. Nunca hemos sido especialmente generosos, más bien al contrario, nunca hemos estado a la altura de lo que se esperaba de nosotros.
Lo más pernicioso de todo es que para justificar el recorte se pase de puntillas sobre las implicaciones de no haber llegado nunca al 0,7% y del hecho de que el recorte supone una bofetada al compromiso de España con la realización efectiva de la declaración de los derechos humanos. La inclusión del compromiso en alcanzar el 0,7 en la agenda política en los 90 y en la primera década del siglo 21 implicaba, más allá del acto puntual de dar tal o cual montante, la responsabilización de España a nivel internacional. Al fin y al cabo España no deja de ser la 12ª economía del mundo y eso implica unas responsabilidades internacionales que no se pueden obviar, incluso en tiempos de crisis.
Más allá de los porcentajes lo que más choca es que se racanee con cantidades que vienen a ser, teniendo en cuenta su significación ética y de compromiso internacional, el chocolate del loro. A modo de ejemplo, la Generalitat de Cataluña, que en 2011 ha efectuado un recorte de 30 millones de euros (55%) sobre los fondos destinados a AOD, dejará de ingresar por la supresión del impuesto de sucesiones alrededor de 200 millones de euros.
El uso de argumentos económicos (y su aceptación por parte de buena parte de la ciudadanía) para recortar los porcentajes de ayuda no deja de tener consecuencias en otros ámbitos del imaginario colectivo. No olvidemos que la cooperación internacional y el derecho a la seguridad social de todo ser humano se encuentran definidos en el mismo articulo de la carta universal de los derechos humanos. Si se pueden dejar de honorar los compromisos adquiridos en relación a la primera argumentando que hay otras prioridades, ¿no serán igualmente válidos argumentos análogos para dejar de financiar la segunda? Queda por preguntarse que prioridades tan importantes son esas que pasan por delante de la cobertura de los derechos básicos de la gente y de la responsabilidad de España como país. ¿No tendrán algo que ver con salvar a entidades bancarias y asegurarse de que quienes originaron la crisis no paguen por ella?
