*Traducción al castellano del artículo publicado en el periódico ARA.
El próximo mes de abril se cumplirán diez años de la creación del malogrado ministerio de vivienda por parte del gobierno Zapatero. La historia de esta institución, desaparecida hace tres años con apenas 6 años de vida, es bastante ilustrativa de las limitaciones y de la dependencia de los poderes fácticos que tiene la administración de este país en materia de vivienda.
Si retrocedemos a 2004 – en plena burbuja inmobiliaria – las esperanzas que muchos jóvenes -y no tan jóvenes – depositaron en la nueva institución se frustraron desde los inicios. Priorizando en principio el acceso a la vivienda de los más jóvenes , el ministerio se encontró en la incapacidad más absoluta de proponer medidas legislativas capaces de hacer bajar los precios de la vivienda o de proponer alternativas al modelo de la vivienda en propiedad. Las pocas iniciativas promovidas o bien fueron eliminadas de raíz -quizá por absurdas o irreales , basta recordar la polémica sobre los ” minipisos ” – o fueron un fracaso por falta de apoyo legislativo , como la Sociedad Pública del Alquiler. Como alternativa, el ministerio acabó funcionando como una inmensa máquina de hacer dinero para las constructoras , bancos y para el sector inmobiliario en general , aprobando ayudas como la famosa ” renta básica de emancipación” que, en vez de frenar el alza progresiva de los precios de la vivienda , permitieron que estos continuaran subiendo probablemente mucho más allá de lo que el mercado hubiera podido pagar sin dinero público.
Pero el momento más triste de la historia vino sin duda en 2010. Si en 2004 el problema que habia motivado su creación eran las dificultades para la emancipación de los jóvenes, en 2010 el problema más grave de la sociedad española en materia de vivienda había pasado a ser sin duda los desalojos, con casi 100.000 ejecuciones hipotecarias en un solo año, más del triple que en 2007. Fue precisamente cuando la expulsión de la gente de sus casas había derivado en una situación de emergencia nacional que el estado decidió que no hacía falta un ministerio que protegiera el derecho a la vivienda de los ciudadanos . Para muchos fue la prueba definitiva de que el ministerio había nacido para inflar con dinero público la burbuja inmobiliaria y que nunca había tenido ninguna otra competencia real en materia de derecho a la vivienda .
Hoy se conmemora a nivel mundial el día internacional de la vivienda, un derecho que en España y en Cataluña está en horas bajas. El gobierno ha cambiado de color y el ministerio de la vivienda hace tiempo que no es ni siquiera un recuerdo, pero a la vista de los hechos parece que el patrón con el que se cortan las políticas de vivienda en este país es exactamente el mismo. Ante el desalojo de miles de familias de sus casas, que no es nada más que la punta del iceberg de una situación insostenible en que cientos de miles de familias y / o jóvenes han tenido que renunciar a su emancipación, las únicas iniciativas legislativas del gobierno han sido hasta ahora limitar al máximo la dación en pago para hacer de ella una medida marginal y desproteger a los deudores para que sea aún más fácil actuar contra ellos en caso de impago o litigio. La razón ? Hay que proteger el dinero y la salud de los bancos. Exactamente la misma razón esgrimida hace diez años para no tomar medidas para limitar el alza de precios y para evitar que la gente se viera obligada a contraer hipotecas exhorbitades si pretendía acceder a lo que, en la misma Constitución, es calificado de derecho básico.
La conclusión es sencilla :
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Los ciudadanos no están – ni han estado nunca – en el centro de las políticas de vivienda. Pero a la vista de los hechos cabe preguntarse : ¿Ha existido realmente una política pública estatal de vivienda en democracia? . Y es que a la hora de la verdad la única receta válida parece ser fomentar el mercado del ladrillo mediante inyecciones masivas de capital y , de forma lo más limitada posible, auxiliar temporalmente aquellos ” desafortunados ” que por una u otra razón hacen quedar en evidencia que el sistema no funciona . Más allá de eso, la respuesta a la pregunta de cuáles son las medidas que desde la administración se toman para garantizar que el artículo 47 de la Carta Magna se haga efectivo es y ha sido ( durante 10 años ) un sencillo “Dios proveerá”.