Otros “agentes de cooperación”, a pesar de no someterse a los mismos controles, se ven privilegiados por las nuevas políticas de cooperación.
Justo en el momento en que desde las instituciones se promueve una ley de transparencia que entre dimes y diretes nunca se acaba de concretar, resulta que las ONG de cooperación sacan un sobresaliente en transparencia y buen gobierno después del primer año de aplicación de la herramienta de transparencia. No sólo eso, sino que además resulta que el de las ONG es uno de los pocos sectores -sino el único- en que para pertenecer a la entidad “gremial” de segundo nivel, es decir, para estar afiliado a la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE), es obligatorio someterse a las auditorías de transparencia consensuadas por la CONGDE y que incluso han sido calificadas como “demasiado exigentes” por organizaciones del norte de Europa.
Pero no. Pecisamente ahora desde distintos partidos políticos se promueve la cooperación mediante “otras vías”. Esto se ha concretizado abriendo lineas de financiación para proyectos de cooperación a actores cuanto menos “extraños” y que no están sometidos a ninguna de las exigencias de transparencia y calidad articuladas por la CONGDE o las coordinadoras de ONG de ámbito autonómico.
Este sería el caso por ejemplo de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD), quien en 2012 se permitió financiar con 400.000€ una convocatoria de proyectos de cooperación para “agentes empresariales”. Esto se hizo después de anular el ACCD la convocatoria de proyectos a ONG para ese año y a pesar de las deudas de la Agencia con estas últimas, que en esos momentos ascendían a más de 15 millones de euros. Según destaca Anuari Media.Cat en un primer momento la Generalitat no hizo públicos los beneficiarios finales de esta convocatoria y sólo más tarde la Generalitat respondió a una pregunta de Anuari Media.Cat explicando que se habían destinado a 5 organizaciones: la Fundación Empresa y Clima, la patronal Pimec, la Asociación Catalana de Tecnología, la Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya y la Fundación Privada Instituto Catalán de la Madera.
Otro ejemplo es la misma Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Entre 2011 y 2012 un total de 26 entidades sin ánimo de lucro se repartieron los 3 millones de € de la primera convocatoria de apoyo a la cooperación empresarial de esta Agencia mientras el presupuesto de la convocatoria a ONG se veía recortada a menos de la mitad. Entre las ONG causó estupor la asignación de 149.000€ a la Fundación Repsol YPF – Ecuador, cuya empresa matriz ha recibido múltiples denuncias por atentar contra los derechos indígenas en varios países de la zona andina por parte de ONG como Survival o Intermón-Oxfam. Una simple visita a las páginas web de las organizaciones beneficiarias de la nueva convocatoria demuestra que muy pocas cumplen con requisitos básicos de transparencia, cómo publicar estados de cuentas, origen de sus fondos, memorias anuales o composición de sus órganos directivos. Probablemente prácticamente ninguna sería capaz de pasar la herramienta de transparencia de la CONGDE -mucho más exigente- a la que se someten la mayoría de ONG.
Algún malpensado podría encontrar cuanto menos sospechosa la tendencia de abrir la cooperación a este tipo de entidades “sin ánimo de lucro” vinculadas a agentes empresariales. ¿No será que, incapaces de continuar financiando chiringuitos afines al político de turno gracias a los controles cada vez más rigurosos en el sector de las ONG, alguien ha decidido explorar nuevas vías para financiar a los de siempre?. Sin querer caer en este tipo de paranoia, sí es lícito preguntarse si estos nuevos “agentes” de cooperación reunen los requisitos mínimos exigibles para ejecutar la política pública de cooperación. Mas bien parece que el nivel de calidad de la cooperación española esté sufriendo un bajón más que considerable, retrocediendo en transparencia y vinculándose con políticas empresariales que, como en el caso de Repsol-YPF, son incoherentes y contradictorias con los fines mismos de lo que debería ser la política pública de cooperación al desarrollo.