La asunción de cierto riesgo siempre ha formado parte de la mística de la cooperación. La figura del (o la) cooperante desplegada en algún confín del mundo usualmente se ha asociado a mil amenazas a su integridad física o mental vinculadas a toda suerte de peligros, desde serpientes a milicias armadas o desastres naturales. Ante estos las ONG y Agencias de cooperación han erigido un muro compuesto por códigos de conducta, protocolos y demás parafernalia que, una vez montada alrededor de cada cooperante, opera (de manera ilusoria o real, según el caso) como primera línea de defensa de su portador, reduciendo los riesgos al mínimo.
Pero de un tiempo a esta parte, y de manera inesperada , han entrado en juego amenazas más prosaicas que, para desconcierto del sector, no se encuentran vinculadas al entorno en el que los cooperantes deben desarrollar su actividad sino en la cálida y para much@s de ell@s anhelada España. Y es que un elemento básico del control de riesgos en el que se basa toda la parafernalia de protección del personal en terreno es, llanamente, el disponer en todo momento del menor margen de incertidumbre posible. Y actualmente la mayor incertidumbre operando sobre buena parte de los proyectos y programas de la cooperación española proviene del impago de las obligaciones contraídas por las instituciones españolas, desde ayuntamientos hasta comunidades autónomas.
¿Es esto real? ¿Puede el impago de las administraciones públicas poner en riesgo la integridad de nuestros cooperantes? Un elemento clave para el buen funcionamiento de un proyecto de cooperación es una buena planificación. Un proyecto no debe empezarse hasta que todas las piezas estén en su sitio y se disponga de planes de contingencia para imprevistos, puesto que el efecto de un pequeño fallo en la planificación puede acarrear el desastre (¿se acuerdan ustedes del “efecto mariposa” de Puntset?).
Pues bien, el impago de las administraciones sí está generando situaciones de riesgo al generar incertidumbre añadida en muchos proyectos y programas. Si bien esto en un principio no debería hacer más que poner a prueba los sistemas de control de riesgos de las ONG y Agencias de Desarrollo afectadas, el escaso interés de algunas administraciones en tomar medidas que ayuden a paliar la incertidumbre generada por ellas mismas sí es una amenaza que en algunos momentos puede llegar a tener consecuencias graves sobre el terreno. Contra eso las ONG pueden hacer nada o muy poco.
El otro día comentábamos un caso paradigmático con unos colegas. El de una ONG que, a raíz de un impago de más de 7 meses por parte de una administración autonómica (en este caso la Generalitat de Cataluña) llevaba meses sin poder pagar un montante respetable de dinero (unos 50.000€) a constructoras locales africanas. Cabe pensar en dos tipos de estrategias por parte de una administración pública responsable de tales impagos. Una primera (la responsable) sería asumir su responsabilidad y sentarse con la entidad afectada desde el momento en que el impago sea efectivo para acordar un calendario de pagos sobre el que poder replanificar el proyecto y recalcular los imprevistos y sus planes de contingencia, así como proponer medidas alternativas para minimizar el riesgo. Una segunda (la irresponsable) sería ir dando largas a la ONG afectada diciéndole que se le pagará al mes siguiente durante más de medio año mientras paralelamente deja caer mediante rumorología que revisará las subvenciones a la baja. Evidentemente esta segunda alternativa lo único que haría sería multiplicar la incertidumbre, poniendo al equipo en terreno en una situación más que complicada en la que el riesgo se multiplica mes a mes con cada nueva excusa dada a la constructora local, contrapartes, etc. Quien escribe estas líneas, con varios años de experiencia sobre el terreno en África, se lo pensaría dos veces antes de vivir un periodo de tiempo prolongado en una ciudad africana debiendo semejantes cantidades de dinero a una constructora local y sin poder articular y firmar desde el primer momento un nuevo plan de pagos. Por ende la entidad, ante la incertidumbre sobre si ese dinero va a cobrarse algún día, verá reducidísimo su margen de maniobra a la hora de refinanciar el proyecto. ¿Cuál de estas dos estrategias piensan ustedes que fue adoptada por la Generalitat?